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Así, los padres comparten grado con el esposo o conviviente de la persona fallecida y los hijos de esta.  Por ley entonces, estos tres distintos herederos comparten grado con algún nivel de igualdad.  En el caso del esposo o conviviente, este tiene limitaciones correspondientes a los bienes que por bienes garanciales pueda recibir.  Pero en general es uno de los coherederos.

Los padres del fallecido tendrán derecho a recibir.  Pero no es de extrañar que, a su vez, estos puedan morir durante la tramitación del sucesorio del hijo.  Si esto ocurre, su posición de herencia podría entonces ampliarse para incluir otras personas, como lo pueden ser los hermanos del fallecido.

Es sin embargo factible también para los Padres, ceder sus derechos hereditarios en los hijos del difunto, con el fin de no diluir los bienes de la herencia o, simplificar la tramitación de un proceso.

Sus consultas puede referirlas a ablanco@arturoblancolaw.com

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Esto ocurre, aún y cuando existe una casual representación por los mismos padres (en ejercicio de la Patria Potestad), en el eventual caso en que los padres a su vez puedan ser coherederos junto con su hijo menor.  Aquí, se tiene un caso donde eventualmente existe una contraposición de intereses en que debe protegerse el interés del menor.

Los procesos sucesorios que tienen menores o incapaces se deben tramitar en sede judicial como una garantía adicional de objetividad en favor y protección de estos.  Los juzgados serán los encargados de evaluar las solicitudes de venta de bienes de manera anticipada, o la repartición entre herederos donde no se tome en cuenta la protección a las necesidades de los menores.

Su posición en este sentido puede asimilarse a la de un acreedor de la sucesión, donde tiene una posición de privilegio y especial protección. Esta se dará hasta que cumplan 18 años (la mayoridad legal), momento a partir del que está en libertad de asumir decisiones propias con valor legal.

Los incapaces se encuentran en una situación similar.  La característica del incapaz es que, por su situación de vulnerabilidad en sus capacidades mentales, es potencialmente necesario protegerlos.  Al efecto en este caso es la Procuraduría General de la República quien además asume un rol de revisión de los intereses protegidos por estos mayores de edad, pero con capacidades disminuidas.

Es labor del Albacea durante el proceso, asegurar la protección de los derechos y eventualmente necesidades de estas personas.

Si tiene dudas por favor escribanos a ablanco@arturoblancolaw.com

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«Las personas jurídicas que no hayan realizado actividades lucrativas o sustantivas en el período fiscal deberán presentar la declaración jurada del Impuesto Sobre la Renta, formulario D-101, que establece el artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092 y sus reformas. Para tal efecto deberán incluir la información de activos, pasivos y capital social atendiendo las Normas Internacional de Información Financiera (NIIF) y la resolución DGT-R-029-2018 …”

Dado lo anterior, es necesario contar con los documentos soporte de la siguiente información:

• Activos: bienes inmuebles, muebles, inversiones, bancos, entre otros.
• Pasivos: deudas bancarias, préstamos, financiamientos de cualquier tipo, entre otros.
• Patrimonio: capital social y aportes extraordinarios de patrimonio, revaluaciones, entre otros.

La obligación señalada en el artículo 2 de esta Resolución, deberá ser cumplida de forma anual, dentro de los dos meses y quince días naturales siguientes al término del período fiscal del Impuesto a las utilidades (fecha máxima de presentación 15 de marzo de 2021), para lo cual deberá realizarse la confirmación de los datos registrados aun cuando no haya variación alguna en éstos durante el año.

Si bien la labor de presentación corresponde a un Contador, en JUREX podemos colaborar para  coordinar  la asistencia integral para llevar a cabo todos estos trámites.

Cabe destacar que la presentación de la declaración y la contabilidad anual se realizarán con base en la información proporcionada para nuestro procesamiento.

Finalmente, es importante tomar en cuenta el tiempo de procesamiento de la información, debido a que, muchas sociedades, al ser inactivas y no registrar movimientos en el transcurso del tiempo, podrían no mantener a disposición la documentación soporte ni la contabilidad al día.

En caso de requerir nuestro apoyo, por favor, no dude en contactarnos.

Lic Arturo Blanco

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La afluencia de turismo a Costa Rica fue (y probablemente será incluso después de la etapa COVID 19), una importante fuente de ingresos, tanto para hoteles como para las propiedades de arrendamiento a corto plazo o tipo Airbnb. Se ha estimado que, en 2018, 524000 turistas optaron por alojarse en una propiedad de Airbnb sobre un alojamiento tradicional.   Esto hace de las propiedades de arrendamiento a corto plazo, una opción que muchos propietarios e inversores locales han utilizado para apoyar sus inversiones locales o incluso para obtener un ingreso adicional.

Sin embargo -como suele ocurrir en los océanos azules- el Gobierno de Costa Rica ha aprobado regulaciones para obtener parte del lucro -como socio de estas inversiones.  El 19 de noviembre de 2019, la «Ley Marco para la Regularización de los Alojamientos No Tradicionales y su Intermediación a través de Plataformas Digitales»  fue  promulgada y publicada en la Gaceta No 220.

Claramente esta define el uso de propiedades de alquiler a corto plazo como:

Articulo 3: Definiciones

«A los efectos de esta ley, se entienden lo siguiente:

(…)

c) Hospedaje no tradicional: tipo de turismo que consiste en la prestación de servicios turísticos de alquiler de viviendas, apartamentos, villas, chalés, bungalós, cuartos o cualquier otra construcción análoga, que conformen un todo homogéneo e independiente, por periodos no mayores a un año, ni inferiores a las veinticuatro horas.

La ley aprueba el funcionamiento de tales actividades incluso dentro de los vecindarios bajo las siguientes premisas:

«Los alojamientos no tradicionales, regulados por esta ley, podrán operar su actividad comercial en zonas clasificadas como residenciales, siempre que no alteren, molesten o afecten negativamente al entorno al que se circunscribe el inmueble en el que se realiza la actividad.»

Por lo tanto, añade una nueva visión a las regulaciones de zonificación.

El objeto de la ley se considera como:

“Prestatarios del servicio de hospedaje no tradicional: cualquier persona física o jurídica que, en nombre propio, de manera habitual y con ánimo de lucro, se dedica a la prestación de servicios de hospedaje a turistas, sean estos nacionales o extranjeros, por periodos no mayores a un año, ni inferiores a las veinticuatro horas, en viviendas, apartamentos, villas, chalés, bungalós, cuartos o cualquier otra construcción análoga que conformen un todo homogéneo e independiente. Se comercializan de forma individual y directa o por medio de plataformas propias o plataformas de intermediación entre el prestatario del servicio de hospedaje no tradicional y el usuario final.”

Obligaciones para el dueño de las propiedades de arrendamiento:

¿Cuáles son las obligaciones legales de esta actividad recién regulada?  Dentro de la misma ley, el gobierno costarricense ha ordenado las siguientes obligaciones, con el fin de convertirse en un «alquiler a corto plazo aprobado»:

3. Hacerse visible: Regístrese como proveedor del servicio de alojamiento no tradicional ante  el  Instituto Costarricense de Turismo (ICT).  Este proceso se considera como un «registro digital simplificado» puesto a disposición de los fines del Instituto Costarricense deTurismo.
4. Registrarse en la Dirección General de Tributación como contribuyente, por los impuestos aplicables establecidos por la ley.
5. Tras la aprobación, generar la factura digital desglosada con los servicios prestados, de acuerdo con los precios acordados o acordado

Impuestos aplicables a la actividad de arrendamiento:

Los impuestos aplicables a esta actividad son:

• IVA, que actualmente es del 13%. Puede consultar la normativa del IVA en: https://www.hacienda.go.cr/contenido/13358-declaracion-de-inscripcion-modificacion-de-datos-desinscripcion-en-atv
• Impuesto sobre la renta: que dependerá del tramo que sus ingresos le colocan.

 Cumplimiento con la ley y obligación de registrarse:

La misma ley que se ha promulgado exige diferentes tipos de sanciones administrativas y legales cuando hay una operación tipo Airbnb que no cumple con la normativa local. El no cumplimiento con la ley se define cuando:

• El proveedor de servicios de alojamiento no tradicional no está registrado.
• Existe el uso de un nombre comercial que implica que se trata de un hotel, induce a error a la actividad o servicios prestados.

A partir de noviembre de 2019, la ley otorga un plazo de 12 meses para registrarse y cumplir con la normativa local, por lo que es importante procesar su registro para su  propiedad de arrendamiento a corto plazo, dentro del  período,  si actualmente tiene esta actividad.

En mi firma, podemos guiarlo tanto en el proceso de registro local como en el cumplimiento del proceso en sí.

Póngase en contacto con nosotros hoy por correo, o llámenos al: (506) 2283-2020, y con mucho gusto le daremos la asistencia que necesita.

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Mediante una resolución de Dirección General de Tributación del 30 de marzo de 2020, se ha modificado la normativa que establecía febrero de cada año como la fecha para actualizar el registro anual de contribuyentes de su compañía. La nueva fecha se ha establecido para setiembre de cada año.

La resolución indica que, el sistema PRECARGARA la declaración de beneficiarios finales presentada en el periodo 2019, permitiendo que, de una manera más sencilla, se confirme que la sociedad no ha tenido cambios respecto de la declaración anterior. Hay que recordar que quien haya traspasado acciones o cambiado la estructura original declarada en el periodo, debe reportar dichos cambios en los siguientes 15 días al cambio que deba reportarse.

Verifique el estado de su sociedad

La oficina de Tributación Directa ha publicado una lista de sociedades incumplientes que llega a las 81 mil personas jurídicas que aún no han declarado el periodo 2019.

Las multas entraron en vigencia a partir del 1 de abril de 2020 y, como una única oportunidad para este mes, se cobrará solo el 50%.

Iniciando mayo la multa oscilaría entre $2400.00 dólares y $78000.00 USD. Además, no se podrá inscribir ningún documento registral para la sociedad en mora de esta obligación.

Aproveche esta oportunidad para poner al día su sociedad.   Estamos en la mayor disposición de ayudarles con este trámite y a aclarar sus dudas en el correo: ablanco@arturoblancolaw.com

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Lo primero que debemos entender, es que un proceso de cobro (o de ejecución) nace cuando existe una mora o falta de pago de una deuda amparada a un documento con carácter de título ejecutivo.  La falta de pago permite al acreedor acudir a los tribunales para pedir el repago de la deuda.

Para que se pueda cobrar una “deuda” esta debe:

• Ser Liquida, sea que se conoce exactamente el monto de su adeudo.
• Exigible, en tanto esté vencida, o sea, que no hay plazo pendiente. Lo anterior se da o bien porque la fecha acordada llego a su final, o porque no se hizo uno de los pagos acordados, haciendo que la operación entre en mora.
• Se sustente en algún titulo con el reconocimiento legal de título ejecutivo.Este aspecto conviene analizarlo cuidadosamente.  Para que se pueda cobrar una deuda, la misma debe basarse en alguno de los siguientes documentos. Estos, por ley, se consideran son evidencia de la deuda y dan al acreedor el derecho a pedir embargo y eventualmente sacar a remate bienes del deudor.

Los documentos que tiene la condición de títulos ejecutivos

1. El testimonio o la certificación de una escritura pública no inscrita. Es documento otorgado ante notario, que pudo haberse inscrito o por defecto no se inscribió, pero que reconoce de manera autentica una deuda.
2. La certificación de una escritura pública debidamente inscrita en el Registro Nacional.
3. El documento privado reconocido judicialmente, así como cuando llamado bajo confesión, el deudor acepta que debía una suma de dinero no amparada en un título ejecutivo.
4. La sentencia judicial firme que establezcan la obligación de pagar una suma de dinero.
5. La prenda y la hipoteca no inscritas.
6. Toda clase de documentos que, por leyes especiales, tengan fuerza ejecutiva como lo son las certificaciones emitidas por contadores públicos o entes cuyos saldos certificados, también por ley especial, tienen ese carácter (certificaciones de saldos de la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo).

Cada uno de estos títulos reconocidos por ley dan al acreedor el derecho de pedir un embargo y, cobrarse contra el patrimonio del deudor.

La defensa ante el cobro judicial

Quien se encuentra en cobro, puede en principio oponerse a mismo si comprueba:

1. La falsedad del documento base del cobro;
2. La falta de exigibilidad de la obligación pues esta no está vencida en el plazo pactado, o por existir un acuerdo de partes.
3. Al existir un pago comprobado por escrito;
4. El plazo de validez del título ha prescrito, pues toda deuda tiene un plazo máximo para exigir su cobro.

Dicho lo anterior, sobre las defensas típicas, es posible para el deudor, además, solicitar una conciliación para intentar un acuerdo, y la prescripción de los intereses que por el plazo transcurrido superior a un año antes de la notificación, hayan prescrito.

Labor del abogado especialista en cobro judicial

Es importante analizar con cada cliente, la relación particular con su acreedor, que va más allá de si existe un documento firmado y puesto al cobro.

Se debe examinar la realidad de la relación crediticia al contestar cualquier demanda. De este análisis, pueden surgir aspectos que afecten la validez del título o la oportunidad del cobro presentado.

Recuperar su dinero se hace hoy más necesario que nunca.  No dude en contactarnos, y con gusto le daremos la mejor asesoría legal en el tema de cobro.

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